El PSOE de Andalucía, con motivo del Día de la Memoria Histórica y  Democrática, ha denunciado el “grave abandono” que el Gobierno  andaluz, presidido por Juan Manuel Moreno Bonilla, ha ejercido durante los  últimos siete años sobre las políticas públicas de Memoria Democrática.  Así lo ha expuesto el secretario para la Memoria Democrática de PSOE-A,  Juan Francisco Colomina, quien han aprovechado para honrar de esta  manera la memoria “de todos los andaluces y andaluzas que fueron  asesinados durante la guerra y la dictadura franquista”.  

La Ley de Memoria Histórica y Democrática fue publicada en el BOE el 28 de  marzo de 2017 y en estos ocho años de vida, siete han estado bajo  mandato del gobierno del Partido Popular. En todo ese tiempo se ha  incumplido de forma sistemática con sus obligaciones, desmantelando las iniciativas destinadas a la reparación, reconocimiento y justicia para las  víctimas de la Guerra, la dictadura franquista y la represión posterior. 

“El Gobierno de Moreno Bonilla ha dado la espalda a los familiares de miles  de personas asesinadas y desaparecidas en Andalucía”, denuncian desde  el PSOE-A. “Mientras el Gobierno de España ha destinado más de 6,5  millones de euros para las exhumaciones, la Junta apenas ha  presupuestado 125.000 euros para 2025”. 

La Junta de Andalucía sigue sin completar el censo de víctimas del  franquismo, ni ha puesto en marcha un banco de ADN que permita  avanzar en la identificación de los restos encontrados en las fosas  comunes repartidas por todo el territorio andaluz. Esta falta de acción  dificulta el derecho de las familias a conocer el paradero de sus seres  queridos y darles una sepultura digna. 

Fosas comunes 

Del mismo modo, el Ejecutivo andaluz ha mostrado una escasa  implicación en los procesos de exhumación de grandes fosas comunes  como las de Pico Reja y Monumento, en Sevilla; las localizadas en el  cementerio de la Salud y San Rafael en Córdoba; el camposanto jienense  de San Eufrasio o el de la Soledad de Huelva.  

Solo en estas fosas (más la exhumada en su día en Málaga) se  contabilizan más de 10.000 restos mortales de represaliados por el  franquismo y que han contado con el impulso y financiación han  dependido en su práctica totalidad de la Secretaría del Estado para la  Memoria Democrática del Gobierno de España. 

Tampoco se ha procedido a la inscripción oficial en el inventario  autonómico de los Lugares de Memoria Democrática decretados en 2012,  ni se ha promovido la incorporación de nuevos espacios. La propia  consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, reconoció en sede  parlamentaria la existencia de más de una veintena de propuestas  pendientes desde la anterior etapa socialista. 

A ello se suma la inacción respecto al Consejo Andaluz de Memoria  Democrática, cuyo mandato caducó hace más de dos años. Desde  entonces, el órgano no ha sido renovado ni convocado, en claro  incumplimiento de la ley y en perjuicio de las asociaciones memorialistas,  que han perdido así un cauce fundamental de participación. 

El símbolo franquista que aún persiste en la fachada de la Escuela de Arte  de Almería, pese a contar con todos los permisos para su retirada,  constituye otro ejemplo del desinterés del actual gobierno andaluz por  cumplir con lo dispuesto en la normativa vigente sobre memoria histórica. 

Asimismo, la Junta no ha desarrollado el II Plan Andaluz de Memoria  Democrática, que acumula ya un retraso de tres años, y apenas ejecutó el  45,59% del presupuesto del primer plan cuatrienal (2018-2022), dejando en  evidencia la falta de compromiso presupuestario con esta política pública. 

Entre otros asuntos, sigue sin constituirse el Instituto de la Memoria  Democrática de Andalucía, una figura clave prevista en la ley para  canalizar y coordinar todas las actuaciones en esta materia. 

Blanqueamiento del franquismo 

Desde el PSOE-A se denuncia también el uso de “maniobras ideológicas”  como la creación del llamado Comisionado de la Concordia, que  consideran “un intento de equiparar víctimas y verdugos y blanquear la  dictadura”.  

La equiparación de figuras como Rafael Alberti con José María Pemán, o el  nombramiento de Antonio Membrilla, como presidente del Patronato  Federico García Lorca. Alguien que calificó la memoria como “memez  histórica” y que aseguró que la Guerra Civil fue consecuencia de “la  quiebra de la convivencia” y no del fracaso del golpe de estado contra la II  República, “demuestran una clara intención del PP andaluz de desvirtuar el  sentido de la memoria democrática”.

El PSOE de Andalucía reclama una política pública sólida, con recursos,  planificación y diálogo con las asociaciones memorialistas, para que se  cumpla la ley y se garantice la verdad, la justicia y la reparación para  todas las víctimas del franquismo. 

“Andalucía no puede mirar hacia otro lado. El abandono de la memoria es  una forma de revictimización”. Desde las filas socialistas reclaman a la  Junta de Andalucía que cumpla la ley y restituya la dignidad de quienes  “lucharon y murieron por la libertad y la democracia en nuestra tierra”.