La realización de una auditoría, comisiones de investigación y una Ley que  limite los conciertos sanitarios, entre las 35 medidas presentadas por los  socialistas para mejorar la gestión sanitaria y blindar el servicio público

Medidas para conocer la verdad en la crisis sanitaria derivada de los fallos en  los cribados de cáncer y para tratar de paliar sus efectos y consecuencias para  las personas afectadas, como la aprobación urgente de un decreto para una  atención oncológica integral en la sanidad pública. Junto a ellas, otras  propuestas también para mejorar la gestión sanitaria en Andalucía e iniciativas  con el objetivo de recuperar el servicio público y para instaurar avances  laborales para los profesionales sanitarios. Estos son los pilares en los que se  asientan, principalmente, las 35 propuestas de resolución presentadas por el  Grupo Parlamentario Socialista en el debate general sobre la situación de la  sanidad pública de Andalucía. 

Tres paquetes de medidas entre los que destacan la aprobación urgente de un  Decreto para atención oncológica integral “SOS cáncer”, la realización de una  auditoría independiente y exhaustiva sobre los posibles borrados o  desapariciones de expedientes de las pacientes participantes en los programas de cribado de cáncer; la restauración de la Consejería de Salud  como departamento autónomo; la puesta en marcha de un plan urgente de  reincorporación del personal sanitario despedido tras el año 2021; una Ley que  limite los conciertos sanitarios y otra para blindar la atención primaria. 

Comisión de investigación sobre cribados  

Con su primer paquete de propuestas de resolución, el Grupo Socialista  pretende, en primer lugar, instar al Consejo de Gobierno a aprobar con carácter  urgente un Programa de Rescate de la Atención al Diagnóstico y Tratamiento  del Cáncer, que garantice la calidad, la equidad y los plazos máximos de  atención, así como la aprobación urgente de un Decreto para atención  oncológica integral “SOS Cáncer”. En uno y otro caso, en estas propuestas se  reclama que la atención sea pública, tanto en centros como por parte de los  profesionales. 

Asimismo, los y las socialistas exigen que se cree una comisión de investigación  sobre los cribados del cáncer en Andalucía, a fin de esclarecer la gestión de los  mismos, y depurar las responsabilidades, al tiempo que se propone la  realización de una auditoría operativa independiente y exhaustiva, a través de  la Cámara de Cuentas, sobre los posibles borrados o desapariciones de  expedientes. 

En esta línea, también, una de las propuestas de resolución socialista subraya  la necesidad de garantizar que los sistemas de citación, atención telefónica y  plataformas digitales de cribado de cáncer de mama sean gestionados  directamente por el sistema sanitario público andaluz, evitando su  externalización. 

El Grupo Socialista, que exige la máxima transparencia y publicidad al Gobierno  andaluz, en relación a la crisis sanitaria de los cribados, reclama la asunción de  responsabilidades políticas e insta al Consejo de Gobierno a adoptar las medidas necesarias para el cese de las personas responsables bajo cuya  dirección se produjeron los hechos denunciados, incluyendo a quienes  desempeñaron la dirección de la Consejería de Salud entre 2018 y 2024, el SAS y  las delegaciones territoriales y provinciales competentes. 

La creación de la figura de Víctimas del cribado y de un Fondo de Indemnización para las mismas son otras de las propuestas presentadas por  los socialistas destinadas a reconocer y compensar los daños de las personas  afectadas. 

Mejorar la gestión sanitaria 

Por otra parte, el Grupo Socialista ha planteado también una serie de medidas  tendentes a la mejora de la gestión sanitaria, entre las que destaca principalmente la recuperación de la Consejería de Salud, y también su  Comisión parlamentaria, como departamento autónomo para garantizar así  que la persona titular ejerza sus funciones a tiempo completo. 

El Grupo Socialista ha insistido, en este apartado, en reivindicar de nuevo la  comisión de investigación sobre las listas de espera del SAS desde 2021 a la  actualidad para evaluar los efectos del macro acuerdo de conciertos  sanitarios, depurar responsabilidades y garantizar que los recursos públicos se  destinen de forma eficiente al fortalecimiento del sistema público sanitario. 

La creación de un Observatorio Independiente de Equidad Sanitaria, que emita  informes periódicos con recomendaciones de política sanitaria, y la puesta en  marcha de un plan urgente de reincorporación del personal sanitario  despedido tras el año 2021, recuperando en dos años a más de 18.000  profesionales, son otras dos de las iniciativas presentadas por los socialistas  para la mejora de la gestión y servicio sanitario.

Andalucía es una de las tres comunidades autónomas con las tasas de  profesionales sanitarios por cada mil habitantes más bajas de todo el país. De  ahí que el Grupo Socialista haya reclamado, entre otras medidas, la aprobación  de una estrategia autonómica para el retorno del talento sanitario formado en  el sistema público andaluz, ofreciendo contratos estables y competitivos. 

En este apartado, las propuestas socialistas pasan, asimismo, por la puesta en  marcha de un programa integral de mejora de las condiciones laborales del  personal sanitario y de apoyo; la reforma del modelo de carrera profesional del  SAS, para hacerlo más justo y accesible; la normalización, en un plazo máximo  de tres meses, de la bolsa única de empleo del SAS; y el incremento del  presupuesto destinado a la sanidad pública hasta alcanzar un gasto sanitario  por habitante que sitúe a Andalucía entre las tres comunidades autónomas  mejor posicionadas. 

Fortalecer el servicio público 

Los y las socialistas reclaman y exigen el fortalecimiento del servicio público y  para ello instan al Gobierno andaluz a recuperar los derechos de los pacientes que han sido eliminados o restringidos por el actual Ejecutivo, incluyendo la  garantía de plazos asistenciales, la libre elección de especialista o el derecho a  una segunda opinión pública. 

Asimismo, se exige la garantía, en un plazo máximo de seis meses, de  asignación de un pediatra y una enfermera pediátrica a todos los menores de  Andalucía. La publicación, en un plazo máximo de 15 días, de las listas de  espera de pruebas diagnósticas, consultas externas e intervenciones  quirúrgicas y un plan urgente para reducir las listas de espera y cumplir los  decretos de garantías, son otras de las propuestas de resolución planteadas  por los y las socialistas, que exigen una Escuela Andaluza de Salud Pública con  autonomía plena.

El documento socialista incluye también la petición de una Ley que limite los  conciertos sanitarios, de manera que la primera opción de atención priorice  siempre el servicio público y obligue a garantizar su financiación, y otra para  blindar la atención primaria con el objetivo de recuperar su papel central en el  sistema sanitario público. Esta ley recogería la imposibilidad de concertar o  externalizar servicios, instalaciones o modalidades de atención primaria con  empresas privadas y la aprobación urgente de un plan de refuerzo de la  atención primaria, que garantice cita en 48 horas. 

El desarrollo de una estrategia urgente de diagnóstico, auditoría y  rehabilitación de las infraestructuras sanitarias, la puesta en marcha de un  plan urgente de apertura, refuerzo y modernización de los Chares y hospitales  comarcales se incluyen también entre las propuestas del Grupo Socialista, que  insta, por último, al Consejo de Gobierno a cumplir íntegramente los  compromisos asumidos por el presidente de la Junta de Andalucía en materia  de infraestructuras sanitarias públicas ejecutando todas las obras y  equipamientos anunciados en los programas electorales y planes de  infraestructuras sanitarias de las dos últimas legislatura.

Descarga aquí la propuesta de resolución 1.

Descarga aquí la propuesta de resolución 2.

El Grupo Parlamentario Socialista defiende como propuesta de resolución en el  debate plenario de sanidad la iniciativa basada en la obligación legal de  compensación por daños causados en la prestación de servicios públicos.

El PSOE-A plantea la urgente creación de un Fondo Andaluz de Indemnización a  Víctimas de Cribados de Cáncer para dar respuesta a las mujeres afectadas  por la crisis sanitaria causada por los graves fallos en el programa de  detección precoz de tumores de mama bajo gestión del Gobierno de Moreno  Bonilla y el PP en la comunidad. 

El Grupo Socialista impulsa esta iniciativa como propuesta de resolución en el  debate general sobre sanidad que celebra el Pleno del Parlamento autonómico  y basada en la obligación legal, reconocida en la normativa vigente y en la  propia Constitución Española, de compensar a las personas afectadas por  perjuicios vinculados a la prestación de servicios públicos. 

La propuesta de resolución socialista toma como referentes instrumentos de  compensación ya existentes en el país como los que asisten a las víctimas de  la talidomida o del amianto, e incide en la ausencia de “un fondo general o autonómico específico para casos como los fallos en los programas de cribado  y detección de cáncer”. 

Ante dicha ausencia y la inseguridad creada a las mujeres andaluzas por los  errores masivos en el cribado de cáncer de mama, desde el PSOE-A se insiste en la necesidad de constituir un fondo de compensación específico que  garantice “justicia, reparación y reconocimiento a las víctimas”. 

El Grupo Socialista sostiene que ese fondo indemnizatorio específico puede  activarse una vez acreditados los fallos en el cribado de cáncer de mama, y  también en los programas preventivos de colon y cérvix, toda vez que se  confirma “una vulneración del derecho a una detección temprana y a una  atención sanitaria de calidad”. 

Precepto constitucional 

La formación socialista basa su iniciativa en este sentido en el artículo 106.2 de  la Constitución, que establece que “los particulares, en los términos  establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados de toda lesión que  sufran en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia del  funcionamiento de los servicios públicos”. Igualmente se remite a  jurisprudencia del Tribunal Supremo que avala que el sistema de  responsabilidad patrimonial administrativa es “objetivo” y no requiere “probar  culpa, sino que el daño sea consecuencia del funcionamiento normal o  anormal del servicio público”. 

La propuesta del PSOE-A tiene en cuenta, igualmente, los requisitos “clave” de la  normativa que regula las reclamaciones ciudadanas en el ámbito sanitario,  que son la existencia de daño “efectivo, evaluable económicamente e individualizado”, de un “nexo causal directo entre servicio público y perjuicio” y  la “antijuricidad del daño, que la persona no tenga deber jurídico de soportarlo”. 

La iniciativa defiende que los fondos de indemnización para las víctimas de la  talidomida y del amianto evidencian la necesidad reconocida en el país de  “instrumentos extraordinarios de reparación cuando se produce un daño  colectivo derivado de un fallo prolongado o sistémico en la gestión pública”.  

Además, el PSOE-A defiende que su iniciativa recoge la recomendación del  Defensor del Pueblo Andaluz en informes de 2021 y 2023 de crear “un fondo de  compensación por daños sanitarios, especialmente en casos especialmente en  casos donde existan fallos sistémicos o colectivos, como errores en los  cribados, infecciones hospitalarias o medicamentos defectuosos”.

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha garantizado el apoyo socialista a los ayuntamientos y vecinos y vecinas que “alzan la voz” para exigir mejor atención sanitaria en centros tan afectados por el desmantelamiento de la sanidad pública por parte de Moreno Bonilla como el hospital del Poniente almeriense, que acumula las mayores listas de espera de la comunidad. 

En la localidad de El Ejido, el líder socialista andaluz ha respaldado a la ciudadanía de este municipio y de toda esta comarca almeriense “a los ayuntamientos que alzan la voz en defensa de sus vecinos y vecinas, a usuarios y usuarias del hospital de Poniente, que no están recibiendo la atención y el cuidado que merecen”. 

“Estamos defendiendo los derechos respecto a su salud de los pacientes de este hospital de Poniente, que tiene ahora mismo una de las listas de espera más graves de Andalucía porque no tiene los profesionales que se requieren”, ha reiterado Espadas, alertando de que la situación de este centro se ha agravado en los últimos dos años porque Moreno Bonilla y su Gobierno, “en vez de apostar por reforzarlo, sencillamente lo dejan como un hospital de segunda, claramente subordinado al hospital Torrecárdenas”. 

Ha explicado que el Gobierno del PP ejecutó la “absorción” del hospital de Poniente por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y lo ha dejado “ir cayendo y degenerando, perdiendo especialidades y profesionales”. El resultado es, primero, un crecimiento “intolerable” de las demoras sanitarias por encima del 100%, por ejemplo, en la lista de espera quirúrgica y, segundo, el deterioro de las especialidades médicas por recortes de personal hasta plantear la rebaja de calificación a comarcal, “muy lejos de lo que necesitan” las más de 300.000 personas a las que atiende. 

Juan Espadas ha señalado que el hospital de Poniente era de referencia en Andalucía en enfermedades tropicales, pero esta cuestión “no parece tenerla en cuenta el Gobierno de Moreno Bonilla”, a quien acusa de “cargarse” este centro hospitalario al situarlo “en un plano de mediocridad frente a Torrecárdenas”. Ha cuestionado por qué la Junta “da al Costa del Sol el tratamiento de hospital de especialidades y no se lo da también al del Poniente, ¿es que los vecinos y vecinas de esta comarca almeriense son ‘de segunda’ respecto a la Costa del Sol malagueña?”, ha insistido. 

El responsable regional socialista ha recalcado que en el PSOE-A “no estamos dispuestos a transigir con esta falta de atención y de respeto a las y los profesionales sanitarios del hospital de Poniente de Almería y a las personas, en torno a 300.000, usuarias de este servicio”. 

Sobre las cuentas autonómicas para 2025, Juan Espadas ha recalcado que el Grupo Socialista “va a defender una enmienda a la totalidad porque el presupuesto que presenta Moreno Bonilla es absolutamente falso”, denunciando que el incremento del 4,4% que plantea el Gobierno del PP para Andalucía se debe exclusivamente a que “vuelve a presupuestar cosas que ya había presupuestado en 2024 y no ha gastado”. 

Otro presupuesto “falso” para 2025 por falta de ejecución 

“Moreno Bonilla hace su presupuesto cada año con lo que ha sido incapaz de ejecutar en el anterior y esto es engañar a los andaluces y andaluzas”, ha asegurado el líder socialista andaluz, quien ha alertado de consecuencias nefastas para la gente en materias tan sensibles como la sanidad. 

A este respecto, ha cuestionado los 1.000 millones de euros más para sanidad anunciados por Moreno Bonilla, toda vez que unos 350 millones “se van en incremento de gasto farmacéutico, que es la partida sanitaria que más ha crecido” en seis años de gobierno del PP en la Junta, y otros 460 millones son cantidades “no ejecutadas que vuelven de nuevo al presupuesto de 2025”. 

“Toda la apuesta de Moreno Bonilla está entre 100-120 millones de euros al sistema sanitario público andaluz”, ha indicado Espadas, alertando de que el crecimiento para conciertos privados alcanza un 18%. “Ya está bien de decir por parte de Moreno Bonilla que los presupuestos son históricos y que la sanidad recibe más dinero que nunca; el problema es que, si tenemos más dinero que nunca, por qué la gestión está peor que nunca, por qué las listas de espera siguen sin bajar y por qué los sindicatos denuncian el incumplimiento de los acuerdos con ellos”, ha subrayado. 

En relación a la investigación en marcha en los tribunales sobre las contrataciones sanitarias de emergencia de Moreno Bonilla, el secretario general del PSOE-A ha pedido al Gobierno del PP respeto para “dejar trabajar a la justicia y no decir mentiras”. 

Años de “desvío de fondos públicos” a la sanidad privada por el PP 

Espadas ha señalado que los informes de la asesoría jurídica del SAS que el Gobierno andaluz esgrime ahora para justificar las contrataciones sanitarias investigadas van incluidas en la querella del PSOE-A que ha desembocado en la investigación judicial y de la Fiscalía Anticorrupción, porque dicen “claramente que la contratación por emergencia es absolutamente excepcional y que, si no estaba ya permitida, como no lo estaba a partir de mediados de 2021, su utilización excepcional no se podía hacer más que en algún caso concreto y por no más de tres meses de duración”. Ha advertido de que Moreno Bonilla y su Gobierno estuvieron “dos años utilizando ese desvío de fondos públicos”. 

“El Gobierno de Moreno Bonilla lo sabe y está intentando rebajar la responsabilidad”, ha asegurado el líder socialista andaluz, señalando el “nerviosismo” del presidente de la Junta y criticando que “no da la cara ni explica qué es lo que ha ocurrido”, además de negarse a la comisión de investigación en el Parlamento planteada por el PSOE-A. 

Para Espadas, estas contrataciones de emergencia irregulares no son “un hecho puntual, ha sido un ‘modus operandi’ de Moreno Bonilla para contratar a quienes quisieran, por el importe que quisieran y generando, a nuestro juicio, quebranto a las arcas públicas”. 

Ha advertido de que el dinero de la Junta en estas contrataciones de emergencia investigadas “no se estaba invirtiendo en la sanidad pública, sino en la privada, y ésta es la clave”. Ha explicado que por esto la querella socialistaplantea a la Justicia analizar las contrataciones sanitarias de emergencia en Andalucía desde el año 2015, señalando que “no es que se investigue porque entendamos que hay ninguna irregularidad en contratos del Gobierno socialista, sino porque las adjudicaciones en concurso de esos gobiernos serán a precios más bajos de lo que ha pagado Moreno Bonilla por sus contrataciones a dedo”, sin publicidad, concurrencia ni concurso, que habrían permitido a la Administración autonómica acceder a menor coste a los servicios y bienes contratados.