El Grupo Socialista ha registrado hoy en el Parlamento andaluz la petición para la creación de una comisión de investigación sobre el caso Almería y que ésta se incluya en el orden del día de un pleno ordinario para el que pide la habilitación de los días 21 y 22 de enero. “Queremos un pleno con todos sus perejiles”, ha explicado la portavoz parlamentaria socialista, María Márquez, después de que la Mesa del Parlamento aprobara ayer que se habilitara sólo el día 22 para celebrar una sesión destinada a aprobar alguna de las leyes que el Gobierno andaluz “ha metido, como los malos estudiantes, a prisa y corriendo” al final.

“Llevan siete años gobernando Andalucía y no se les ocurrió antes hacer ni aprobar ninguna ley y, ahora, a última hora aprobando leyes como churros y sin contar con la participación social, sin contar con la participación de los andaluces”, ha criticado la portavoz socialista.

“Queremos cara a cara, sesión de control con el presidente, queremos sesión de control con los consejeros y consejeras, queremos que vayan comparecencias, mociones, interpelaciones, proposiciones no de ley, todo lo que forma parte de un pleno ordinario”, ha explicado la portavoz parlamentaria
socialista, que ha reclamado un orden del día en el que se incluya también la comisión de investigación del caso Almería. “Ahí veremos de verdad, la voluntad del Gobierno de dar explicaciones y de que este asunto se ponga en marcha”.

Falta de explicaciones y mentiras de Moreno Bonilla
En este sentido, Márquez ha explicado que el Grupo Socialista se ha visto obligado a reclamar esta comisión de investigación ante “la falta de explicaciones y las mentiras” del presidente Moreno Bonilla. Tras recordar que, tal y como se ha conocido, el Gobierno andaluz también ha contratado con empresas vinculadas a la trama corrupta del Partido Popular de Almería, María Márquez ha destacado que además de las “muchas sospechas y preguntas” y “ante la falta de respuesta y las mentiras que nos encontramos por parte de Moreno Bonilla”, el PSOE-A exige la apertura de esta comisión de investigación en el Parlamento de Andalucía.

“Nosotros hemos registrado hoy una comisión de investigación porque esas empresas, como se ha dicho y se ha publicado, son empresas vinculadas a dirigentes y familiares del Partido Popular. Esas empresas de esos contratos que se están investigando, insisto, de la trama corrupta de Almería, tienen contrataciones con la Junta de Andalucía”, ha explicado la portavoz parlamentaria socialista, quien ha insistido en que “estamos hablando de dirigentes del Partido Popular de Almería que tenían tráfico de armas” o “pistolas en los cajones” y a los que, en algún caso, se encontró con 119.000 euros en fundas de almohadas. “Que estamos hablando de gente mafiosa, de gente mafiosa del Partido Popular”, ha subrayado .

Por otra parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha criticado que Moreno Bonilla diga que se ha enterado de la denuncia contra el alcalde de Algeciras por los medios de comunicación es “el colmo del cinismo, de la hipocresía y de la mentira” y supone una “falta de respeto” y “tomarnos por
tontos a los andaluces, es mentirnos delante de nuestras narices”.

En esta línea el Grupo Socialista ha exigido de nuevo el cese inmediato del regidor del PP tras tachar de “paripé” su suspensión de militancia. “El alcalde de Algeciras tiene que irse, ya está bien de tapar”, ha subrayado Márquez La representante socialista ha asegurado que, en contra de lo que pregona, Moreno Bonilla “se entera de todo y lo tapa, se entera de todo y lo encubre”. Moreno Bonilla, mantiene Márquez, “sabe de más” y, a su juicio, “tener a un presidente de estas características, que miente sin complejos, que miente sin que se le mueva una pestaña, incluso ante lo evidente” es “absolutamente impresentable”.

El portavoz adjunto del Grupo Socialista Rafael Recio ha asegurado que Moreno Bonilla afronta el Debate sobre el Estado de la Comunidad como un “examen final” de sus siete años al frente de la Junta con su Gobierno andaluz y su partido, el PP, “en los banquillos”, investigados en los tribunales por “saqueo de la sanidad pública” en Andalucía y por “mordidas en contratos públicos” en Almería.

Rafael Recio ha insistido en que Moreno Bonilla acude al Debate sobre el Estado de la Comunidad “a salvarse a sí mismo” y “acorralado por su propio modelo de privatización de los servicios públicos en Andalucía”, y ha augurado que el presidente de la Junta “huirá de hablar de la Andalucía real y contará su cuento”.

Aun así, el representante socialista ha retado a Moreno Bonilla a responder ante el Pleno del Parlamento autonómico sobre la presunta corrupción del PP en Almería. “¿Seguirá diciendo que no sabía nada, que desconocía lo que su partido hacía con sanidad en plena pandemia y el afán por ir al dentista de sus dirigentes, o reconocerá que es una trama corrupta mafiosa desde hace años?”, ha cuestionado.

Recio ha exigido, igualmente, al presidente de la Junta que aclare si va a mantener “el cuento de que la privatización sanitaria es mentira”, más cuando “están desfilando” por los juzgados “todos los gerentes de la era Moreno Bonilla, imputados y en sus cargos”.

Ha advertido de que la Fiscalía Anticorrupción ya está “señalando al Consejo de Gobierno” de Moreno Bonilla en la investigación de las adjudicaciones sanitarias de emergencia presuntamente fraudulentas, al citar a declarar a la actual consejera de Medio Ambiente, Catalina García, para que aclare su actuación en esta operación durante su etapa como viceconsejera de Salud.

El portavoz socialista adjunto ha reclamado, además, a Moreno Bonilla que ofrezca explicaciones parlamentarias sobre “el engaño” del Gobierno del PP sobre los cribados de cáncer de mama. Ha exigido al presidente de la Junta que deje de “insultar a las mujeres” denunciantes de graves fallos del  programa de detección precoz bajo gestión del PP, y que ofrezca “60 días después” de que estallara el escándalo toda la información sobre el número real de afectadas y del origen de la crisis.

En cualquier caso, ha certificado que “no se trata de errores” y ha alertado de que, en el escándalo de los cribados, Moreno Bonilla está “acorralado por su propio modelo de privatización de servicios públicos en Andalucía”.

El portavoz adjunto ha explicado que las 35 propuestas de resolución del Grupo Socialista “dibujan la Andalucía que no funciona” con Moreno Bonilla, con el objetivo de que vuelva a funcionar” mediante el fortalecimiento de la sanidad y la educación pública, un compromiso real con la construcción de vivienda asequible, “más empleo y más igualdad”.

“Andalucía necesita menos recortes y que las políticas que afectan a todos y todas no estén en manos de señores que se dedican a sus negocios”, ha reivindicado. En contraste, ha criticado que “el mapa del PP es otro, seguir recortando, privatizando y echar balones fuera”, con Moreno Bonilla haciendo “lo de siempre, confrontar con el Gobierno de España”.

“Enmienda a la totalidad” de la ciudadanía a Moreno Bonilla

Sobre la ILP promovida por las Mareas Blancas en defensa de la sanidad pública en Andalucía, Rafael Recio ha resaltado el respaldo del PSOE-A a una iniciativa a debate en el Pleno del Parlamento en la que “la Andalucía real ha dicho basta” al deterioro del sistema sanitario público a manos del PP.

Para el portavoz adjunto socialista, esta iniciativa popular representa “una enmienda a la totalidad de la política sanitaria de Moreno Bonilla” con el objetivo de “salvar la sanidad pública”.

Ha lamentado que el PP continúa “intentando negar la realidad” frente a la ciudadanía, que hace con esta ILP lo que “no hace Moreno Bonilla, defender la sanidad pública”. Ha añadido, además, que el voto afirmativo de la derecha a la tramitación de esta iniciativa puede ser “un sí falso”.

En otro orden de asuntos, el portavoz adjunto del Grupo Socialista ha criticado que Moreno Bonilla se “agarra como un clavo ardiendo” a la negociación sobre la financiación autonómica para “confrontar con el Gobierno de España” porque “no tiene propuesta propia” para reformar el modelo.

“El PP se agarra a la ordinalidad como un eslogan para tapar el vacío político de Moreno Bonilla en financiación autonómica”, ha aseverado Recio, y ha apuntado que el presidente de la Junta “no es capaz o no le dejan” en su partido plantear alguna propuesta.

Lo único cierto, para el representante socialista, es que “Andalucía recibirá en 2025 más de 30.000 millones, la mayor financiación de su historia, 8.500 millones más al año”, con el Gobierno de Pedro Sánchez y María Jesús Montero.

“Y, aun así, esta tarde vienen los andaluces y andaluzas a salvar la sanidad pública al Parlamento”, ha insistido. “Ésta es la verdad que Moreno Bonilla intenta esconder en el Debate sobre el Estado de la Comunidad, y se centrará en esconder que su partido está en negocios y tramas corruptas”, ha recalcado.

Ha remarcado que el PSOE-A “entiende que el debate de la financiación autonómica es mucho más profundo que la ordinalidad” y ha garantizado que “trabajaremos, con María Jesús Montero a la cabeza, para que Andalucía se vea muy beneficiada” con la renovación del sistema.

La portavoz socialista considera “confirmado” en el testimonio judicial de altos cargos de la Junta que el Gobierno del PP eliminó “alarmas” para adjudicaciones sanitarias de emergencia sin justificación y “a precio de oro”

La portavoz del Grupo Socialista, María Márquez, acusa a Moreno Bonilla de  pretender “tapar, tapar y tapar” todos los casos de corrupción que le acosan  desde Sevilla a Almería y le ha advertido de que el PSOE-A “no va a parar” hasta  que se sepa toda la verdad, en el juzgado que investiga irregularidades en la  contratación sanitaria de emergencia del Gobierno del PP y en la operación policial con ocho arrestos por el ‘caso Mascarillas’ en el levante andaluz,  incluido el del presidente de la Diputación y del PP almeriense. 

María Márquez ha afirmado que las declaraciones de testigos en la  investigación judicial en Sevilla “confirman las sospechas del PSOE-A”, que  Moreno Bonilla y su Gobierno “inflaron contratos de emergencia para dar dinero  público sin control a quien querían y modificaron papeles para que nadie  controlara el dinero de los andaluces y andaluzas”. 

Ha destacado el testimonio de la interventora general del Servicio Andaluz de  Salud (SAS) que alertó de que Moreno Bonilla y su Gobierno “no estaban haciendo las cosas bien y echó para atrás dos contratos sanitarios con dos  informes”.  

La portavoz socialista ha resaltado la “casualidad” de que, justo tras la  advertencia de la interventora, el Gobierno del PP aprobó una “modificación”  normativa para imponer que “sí pudieran contratar por emergencia todo lo que  tiene que ver con el SAS”.  

Ha lamentado que los altos cargos de Moreno Bonilla interrogados digan ahora,  “ante la obviedad de los informes de los interventores”, que “no sabían nada ni  estaban en la toma de decisión”. “Es el manual del Ventorro, el manual del PP”,  ha alertado. 

“Mientras los andaluces y andaluzas peleaban por su vida o morían en la  pandemia, Moreno Bonilla y el PP hacían cambios de papelitos para quitar las  alarmas sobre el dinero público y darlo a quien querían”, ha reiterado la  portavoz socialista. 

El papel de Antonio Sanz 

La también vicesecretaria general del PSOE-A ha alertado, además, de que fue  Antonio Sanz, hoy consejero de Sanidad, quien “presidió aquella reunión de  viceconsejeros y firmó lo que pasó en el Consejo de Gobierno” para eliminar  controles previos sobre la contratación sanitaria de la Junta. “¿Y a quién daban  esos contratos?, pues al hospital privado en el que trabajaba quien es hoy  viceconsejero de Sanidad”, Nicolás Navarro, según ha remachado. 

En esta línea, la portavoz socialista ha resaltado el testimonio de otro alto cargo de Moreno Bonilla en la Junta que certifica “que se vendieron a precio de oro esos contratos de emergencia a la sanidad privada, por un valor superior al 10% y al 15%” respecto a la tabla de precios públicos aprobada en la orden autonómica correspondiente. 

Para María Márquez, todo esto es “la punta del iceberg” de la corrupción  sanitaria del PP en Andalucía, al que acusa de dar “contratos a dedo y sin  control” mientras Moreno Bonilla “sólo quiere tapar, tapar y tapar”, ha  denunciado la representante socialista, y ha dejado claro que desde el PSOE-A  “no vamos a parar” de exigir explicaciones al presidente de la Junta. 

Ha garantizado que “terminaremos sabiendo la verdad”, más cuando, según ha  alertado, el “descontrol del dinero de la sanidad pública” por el PP en la Junta  tiene “consecuencias terribles, como en el cribado de cáncer, clara muestra de  que privatizar la sanidad para forrar a amigos de la privada trae sufrimiento y  hasta muerte”. 

Exigencia de comparecencia del presidente andaluz 

La representante regional socialista ha incidido en que también se sabrá “toda  la verdad” sobre el PP tras las ocho detenciones en una nueva operación  policial dentro del caso Mascarillas de Almería, incluida la del presidente de la  Diputación y del PP en esa provincia. 

A este respecto, la portavoz socialista ha acusado a Moreno Bonilla de “tratar  por tontos” a los andaluces y andaluzas al decir “que no sabe nada y que no le  cogen el teléfono en Almería”. 

“Que Moreno Bonilla no sabía no se lo cree nadie” porque, según ha asegurado Márquez, “lo que pasa en el PP de Almería lo sabe Almería entera”. Ha insistido en que el presidente de la Junta y su Gobierno “lo sabían” y, de nuevo, sólo  intentan “tapar, tapar y tapar, que es marca de la casa de Moreno Bonilla”. 

De hecho, la dirigente socialista ha recordado que Moreno Bonilla estuvo con su presidente de Diputación almeriense ahora arrestado en su toma de posesión y  que “acaba de meterle en su consejo de dirección”, en el reciente congreso  regional del PP. 

Por todo ello, ha considerado que Moreno Bonilla “es un cínico”, más cuando, ante el escándalo en el PP de Almería, el presidente de la Junta dedica su agenda “a Madrid y seguir la gira promocional de su libro”.  Márquez ha criticado la “irresponsabilidad” de Moreno Bonilla y ha reiterado la reclamación desde el PSOE-A al presidente de la Junta para que comparezca  en el Parlamento andaluz y “dé la cara; son muchas las explicaciones que debe  a los andaluces y andaluzas”, ha concluido.

La realización de una auditoría, comisiones de investigación y una Ley que  limite los conciertos sanitarios, entre las 35 medidas presentadas por los  socialistas para mejorar la gestión sanitaria y blindar el servicio público

Medidas para conocer la verdad en la crisis sanitaria derivada de los fallos en  los cribados de cáncer y para tratar de paliar sus efectos y consecuencias para  las personas afectadas, como la aprobación urgente de un decreto para una  atención oncológica integral en la sanidad pública. Junto a ellas, otras  propuestas también para mejorar la gestión sanitaria en Andalucía e iniciativas  con el objetivo de recuperar el servicio público y para instaurar avances  laborales para los profesionales sanitarios. Estos son los pilares en los que se  asientan, principalmente, las 35 propuestas de resolución presentadas por el  Grupo Parlamentario Socialista en el debate general sobre la situación de la  sanidad pública de Andalucía. 

Tres paquetes de medidas entre los que destacan la aprobación urgente de un  Decreto para atención oncológica integral “SOS cáncer”, la realización de una  auditoría independiente y exhaustiva sobre los posibles borrados o  desapariciones de expedientes de las pacientes participantes en los programas de cribado de cáncer; la restauración de la Consejería de Salud  como departamento autónomo; la puesta en marcha de un plan urgente de  reincorporación del personal sanitario despedido tras el año 2021; una Ley que  limite los conciertos sanitarios y otra para blindar la atención primaria. 

Comisión de investigación sobre cribados  

Con su primer paquete de propuestas de resolución, el Grupo Socialista  pretende, en primer lugar, instar al Consejo de Gobierno a aprobar con carácter  urgente un Programa de Rescate de la Atención al Diagnóstico y Tratamiento  del Cáncer, que garantice la calidad, la equidad y los plazos máximos de  atención, así como la aprobación urgente de un Decreto para atención  oncológica integral “SOS Cáncer”. En uno y otro caso, en estas propuestas se  reclama que la atención sea pública, tanto en centros como por parte de los  profesionales. 

Asimismo, los y las socialistas exigen que se cree una comisión de investigación  sobre los cribados del cáncer en Andalucía, a fin de esclarecer la gestión de los  mismos, y depurar las responsabilidades, al tiempo que se propone la  realización de una auditoría operativa independiente y exhaustiva, a través de  la Cámara de Cuentas, sobre los posibles borrados o desapariciones de  expedientes. 

En esta línea, también, una de las propuestas de resolución socialista subraya  la necesidad de garantizar que los sistemas de citación, atención telefónica y  plataformas digitales de cribado de cáncer de mama sean gestionados  directamente por el sistema sanitario público andaluz, evitando su  externalización. 

El Grupo Socialista, que exige la máxima transparencia y publicidad al Gobierno  andaluz, en relación a la crisis sanitaria de los cribados, reclama la asunción de  responsabilidades políticas e insta al Consejo de Gobierno a adoptar las medidas necesarias para el cese de las personas responsables bajo cuya  dirección se produjeron los hechos denunciados, incluyendo a quienes  desempeñaron la dirección de la Consejería de Salud entre 2018 y 2024, el SAS y  las delegaciones territoriales y provinciales competentes. 

La creación de la figura de Víctimas del cribado y de un Fondo de Indemnización para las mismas son otras de las propuestas presentadas por  los socialistas destinadas a reconocer y compensar los daños de las personas  afectadas. 

Mejorar la gestión sanitaria 

Por otra parte, el Grupo Socialista ha planteado también una serie de medidas  tendentes a la mejora de la gestión sanitaria, entre las que destaca principalmente la recuperación de la Consejería de Salud, y también su  Comisión parlamentaria, como departamento autónomo para garantizar así  que la persona titular ejerza sus funciones a tiempo completo. 

El Grupo Socialista ha insistido, en este apartado, en reivindicar de nuevo la  comisión de investigación sobre las listas de espera del SAS desde 2021 a la  actualidad para evaluar los efectos del macro acuerdo de conciertos  sanitarios, depurar responsabilidades y garantizar que los recursos públicos se  destinen de forma eficiente al fortalecimiento del sistema público sanitario. 

La creación de un Observatorio Independiente de Equidad Sanitaria, que emita  informes periódicos con recomendaciones de política sanitaria, y la puesta en  marcha de un plan urgente de reincorporación del personal sanitario  despedido tras el año 2021, recuperando en dos años a más de 18.000  profesionales, son otras dos de las iniciativas presentadas por los socialistas  para la mejora de la gestión y servicio sanitario.

Andalucía es una de las tres comunidades autónomas con las tasas de  profesionales sanitarios por cada mil habitantes más bajas de todo el país. De  ahí que el Grupo Socialista haya reclamado, entre otras medidas, la aprobación  de una estrategia autonómica para el retorno del talento sanitario formado en  el sistema público andaluz, ofreciendo contratos estables y competitivos. 

En este apartado, las propuestas socialistas pasan, asimismo, por la puesta en  marcha de un programa integral de mejora de las condiciones laborales del  personal sanitario y de apoyo; la reforma del modelo de carrera profesional del  SAS, para hacerlo más justo y accesible; la normalización, en un plazo máximo  de tres meses, de la bolsa única de empleo del SAS; y el incremento del  presupuesto destinado a la sanidad pública hasta alcanzar un gasto sanitario  por habitante que sitúe a Andalucía entre las tres comunidades autónomas  mejor posicionadas. 

Fortalecer el servicio público 

Los y las socialistas reclaman y exigen el fortalecimiento del servicio público y  para ello instan al Gobierno andaluz a recuperar los derechos de los pacientes que han sido eliminados o restringidos por el actual Ejecutivo, incluyendo la  garantía de plazos asistenciales, la libre elección de especialista o el derecho a  una segunda opinión pública. 

Asimismo, se exige la garantía, en un plazo máximo de seis meses, de  asignación de un pediatra y una enfermera pediátrica a todos los menores de  Andalucía. La publicación, en un plazo máximo de 15 días, de las listas de  espera de pruebas diagnósticas, consultas externas e intervenciones  quirúrgicas y un plan urgente para reducir las listas de espera y cumplir los  decretos de garantías, son otras de las propuestas de resolución planteadas  por los y las socialistas, que exigen una Escuela Andaluza de Salud Pública con  autonomía plena.

El documento socialista incluye también la petición de una Ley que limite los  conciertos sanitarios, de manera que la primera opción de atención priorice  siempre el servicio público y obligue a garantizar su financiación, y otra para  blindar la atención primaria con el objetivo de recuperar su papel central en el  sistema sanitario público. Esta ley recogería la imposibilidad de concertar o  externalizar servicios, instalaciones o modalidades de atención primaria con  empresas privadas y la aprobación urgente de un plan de refuerzo de la  atención primaria, que garantice cita en 48 horas. 

El desarrollo de una estrategia urgente de diagnóstico, auditoría y  rehabilitación de las infraestructuras sanitarias, la puesta en marcha de un  plan urgente de apertura, refuerzo y modernización de los Chares y hospitales  comarcales se incluyen también entre las propuestas del Grupo Socialista, que  insta, por último, al Consejo de Gobierno a cumplir íntegramente los  compromisos asumidos por el presidente de la Junta de Andalucía en materia  de infraestructuras sanitarias públicas ejecutando todas las obras y  equipamientos anunciados en los programas electorales y planes de  infraestructuras sanitarias de las dos últimas legislatura.

Descarga aquí la propuesta de resolución 1.

Descarga aquí la propuesta de resolución 2.

El Grupo Parlamentario Socialista defiende como propuesta de resolución en el  debate plenario de sanidad la iniciativa basada en la obligación legal de  compensación por daños causados en la prestación de servicios públicos.

El PSOE-A plantea la urgente creación de un Fondo Andaluz de Indemnización a  Víctimas de Cribados de Cáncer para dar respuesta a las mujeres afectadas  por la crisis sanitaria causada por los graves fallos en el programa de  detección precoz de tumores de mama bajo gestión del Gobierno de Moreno  Bonilla y el PP en la comunidad. 

El Grupo Socialista impulsa esta iniciativa como propuesta de resolución en el  debate general sobre sanidad que celebra el Pleno del Parlamento autonómico  y basada en la obligación legal, reconocida en la normativa vigente y en la  propia Constitución Española, de compensar a las personas afectadas por  perjuicios vinculados a la prestación de servicios públicos. 

La propuesta de resolución socialista toma como referentes instrumentos de  compensación ya existentes en el país como los que asisten a las víctimas de  la talidomida o del amianto, e incide en la ausencia de “un fondo general o autonómico específico para casos como los fallos en los programas de cribado  y detección de cáncer”. 

Ante dicha ausencia y la inseguridad creada a las mujeres andaluzas por los  errores masivos en el cribado de cáncer de mama, desde el PSOE-A se insiste en la necesidad de constituir un fondo de compensación específico que  garantice “justicia, reparación y reconocimiento a las víctimas”. 

El Grupo Socialista sostiene que ese fondo indemnizatorio específico puede  activarse una vez acreditados los fallos en el cribado de cáncer de mama, y  también en los programas preventivos de colon y cérvix, toda vez que se  confirma “una vulneración del derecho a una detección temprana y a una  atención sanitaria de calidad”. 

Precepto constitucional 

La formación socialista basa su iniciativa en este sentido en el artículo 106.2 de  la Constitución, que establece que “los particulares, en los términos  establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados de toda lesión que  sufran en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia del  funcionamiento de los servicios públicos”. Igualmente se remite a  jurisprudencia del Tribunal Supremo que avala que el sistema de  responsabilidad patrimonial administrativa es “objetivo” y no requiere “probar  culpa, sino que el daño sea consecuencia del funcionamiento normal o  anormal del servicio público”. 

La propuesta del PSOE-A tiene en cuenta, igualmente, los requisitos “clave” de la  normativa que regula las reclamaciones ciudadanas en el ámbito sanitario,  que son la existencia de daño “efectivo, evaluable económicamente e individualizado”, de un “nexo causal directo entre servicio público y perjuicio” y  la “antijuricidad del daño, que la persona no tenga deber jurídico de soportarlo”. 

La iniciativa defiende que los fondos de indemnización para las víctimas de la  talidomida y del amianto evidencian la necesidad reconocida en el país de  “instrumentos extraordinarios de reparación cuando se produce un daño  colectivo derivado de un fallo prolongado o sistémico en la gestión pública”.  

Además, el PSOE-A defiende que su iniciativa recoge la recomendación del  Defensor del Pueblo Andaluz en informes de 2021 y 2023 de crear “un fondo de  compensación por daños sanitarios, especialmente en casos especialmente en  casos donde existan fallos sistémicos o colectivos, como errores en los  cribados, infecciones hospitalarias o medicamentos defectuosos”.

La portavoz del Grupo Socialista, María Márquez, ha insistido en el llamamiento a la ciudadanía a participar en la manifestación de este sábado en Sevilla en defensa de la sanidad pública para dejar claro a Moreno Bonilla que “con la salud no se juega” y denunciar que “ha tocado lo intocable” y “ha roto la igualdad de oportunidades” en el acceso a la atención sanitaria en nuestra tierra.

María Márquez ha ratificado que el PSOE-A va a tener presencia de todas las provincias andaluzas en la manifestación convocada por sindicatos sanitarios y mareas blancas, advirtiendo de que el desmantelamiento y la privatización sanitaria “es un hecho” en la comunidad por imposición de Moreno Bonilla y su Gobierno del PP.

La portavoz socialista ha criticado que, mientras en municipios como Montilla y Cazorla protestan vecinos y vecinas contra el desmantelamiento de su centro de salud y de su hospital, respectivamente, Moreno Bonilla se dedica al “lavado de cara, la propaganda y la publicidad” para ocultar su mala gestión sanitaria.

Ha puesto como ejemplo Huelva, una ciudad con graves carencias como las demoras en tratamientos oncológicos, la desaparición de la unidad cardiovascular del Hospital Juan Ramón Jiménez o listas de espera sanitarias “de las más altas” en Andalucía, donde la Junta ha “empapelado” las paredes con campaña en la que proclama que “la sanidad está en marcha” y que, según ha lamentado, supone una “falta respeto” a las y los onubenses.

Márquez ha rechazado, igualmente, la “campaña” de la consejera de Salud en Canal Sur Televisión “con su eslogan de ‘sí hay citas’ en atención primaria”. “Será para ella”, ha recalcado, recordando que la inmensa mayoría de andaluces y andaluzas tienen que esperar tres o cuatro semanas para ver a su médico de familia y en muchos municipios “seguimos con colas a las seis de la mañana” a las puertas de los centros de salud. “Es una falta de respeto del Gobierno andaluz que diga que todo funciona y que la sanidad está en marcha”, ha reiterado.

La portavoz ha adelantado una batería de iniciativas del Grupo Socialista para llevar la sanidad al Parlamento autonómico después de “dos años” con el PP vetando con su mayoría absoluta el debate monográfico sobre el sistema sanitario que reclama el PSOE-A, señalando que trasladará “el enfado de millones de andaluces y andaluzas” por el deterioro de la sanidad en la pregunta al presidente de la Junta en sesión de control.

Ha explicado que el Grupo Socialista promueve dos proposiciones no de ley (PNL), la primera a debate en el próximo Pleno en apoyo a la ley de creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, para cuya sede Andalucía es candidata y a la que el PP votó en contra “pese al consenso de la comunidad científica” en torno a un organismo que trabaje de forma coordinada en asuntos tan importantes como la prevención de pandemias. “No se entiende por qué el PP de Moreno Bonilla rechaza en el Congreso esta propuesta, que trae sede a nuestra tierra una iniciativa que viene bien a la salud pública”, ha subrayado.

No a las prórrogas de contratos sanitarios investigados por la Justicia

La segunda PNL socialista plantea “medidas contra el fraude en la contratación del Servicio Andaluz de Salud (SAS)”, toda vez que la Fiscalía Anticorrupción investiga a Moreno Bonilla  y su Gobierno por sus adjudicaciones irregulares a la sanidad privada, con tres gerentes del SAS imputados. “Queremos que cuanto antes se dicte instrucción para que los contratos menores se hagan con publicidad y concurrencia, especialmente en el SAS, con informe de los órganos competentes y con motivación suficiente”, ha expuesto María Márquez, y ha advertido especialmente “que no se le vaya a ocurrir al PP prorrogar contratos irregulares investigados por la Justicia por presunta corrupción sanitaria. Y a ver qué vota el PP ante esta propuesta”, ha remarcado.

La portavoz de Economía del Grupo Socialista, Alicia Murillo, ha exigido al gobierno de Moreno Bonilla que explique su cambio al pasar de decir que el caso sobre los contratos irregulares del Servicio Andaluz de Salud (SAS) era un “error administrativo” a reconocer un menoscabo de fondos públicos en su personación en la causa y que aclare, al hilo de esto, cuánto dinero se ha sido desviado de las arcas públicas, cómo, quién ha sido, dónde ha ido a parar ese dinero y en qué provincias se ha producido el fraude.

En este sentido, ha señalado que desde el PSOE andaluz se ha detectado la desviación de 1.500 millones de euros por parte del gobierno de Moreno Bonilla de la sanidad pública a la privada en contratos irregulares, tanto a través de supuestos contratos de emergencia como de fraccionamientos.

“Que Moreno Bonilla se haya personado en la causa significa que nos da la razón cuando denunciamos que estaban ocurriendo cosas muy graves”, ha dicho, dejando claro que “la ciudadanía necesita explicaciones”.

De hecho, ha recordado que son tres los juzgados que están investigando la trama SAS, con tres gerentes del SAS imputados, dos consejeros reubicados, la cúpula entera de la Consejería renovada y la interventora general que informó de las irregularidades fue cesada, como el director económico del SAS. “Es muy grave y tiene que dar explicaciones tras meses diciendo que son errores administrativos, cuando la realidad es que está siendo investigado y reconoce menoscabo de fondos”, ha apostillado.

Alicia Murillo ha insistido en que esos 1.500 millones hubieran sido “un refuerzo importante para la sanidad pública”, teniendo en cuenta que la situación sanitaria y las “mentiras” de Moreno Bonilla con las listas de espera, “que no se han reducido sino que han aumentado en 15.000 personas más”. Así, ha considerado que el gobierno de Moreno está “desesperado por tapar el desastre”, con dos millones de andaluces en lista de espera.

Sin embargo, ante las movilizaciones ciudadanas y de los profesionales sanitarios, ha llamado la atención sobre que la consejera de Salud diga que “hay que hablar en positivo de la sanidad y que, si nos quejamos, tenemos ahora la culpa de las agresiones”.

“Es una afirmación perversa e indecente por parte de la consejera, que lo que ha de hacer es trabajar y escuchar a toda esa gente que se manifiesta y se queja”, ha subrayado, manifestando que el día 5 de abril las y los socialistas saldrán a la calle con los colectivos para reivindicar una “sanidad pública y decente, un servicio como merecen las y los andaluces”.

El PSOE hará que Moreno se retrate con la quita de la deuda

Ha alertado de que todas y todos los andaluces van a ser los que pagarán el “precio de la temeridad” de Moreno Bonilla al “despreciar” la quita de la deuda de 19.000 millones propuesta por el Gobierno de España, “un logro para Andalucía”.

El Grupo Socialista lleva ante el Pleno del Parlamento andaluz una Proposición No de Ley (PNL) para que Moreno Bonilla “se retrate” y se demuestre el “compromiso” de la Cámara manifestando si acepta o no la oferta.

Tal como ha incidido, el Gobierno de España ha ofrecido a Andalucía una propuesta para “reducir la hipoteca a la mitad y dicen no”. “Pagamos una cuota hipotecaria de 4.300 millones al año que da para pagar las nóminas de todo el personal sanitario en los hospitales, el personal docente en Infantil, Primaria y Educación Especial; el servicio de ayuda a domicilio, la ayuda económica de la dependencia y sobraría para hacer 1.500 VPO”, ha sentenciado.

Murillo ha recordado que Andalucía es la comunidad más beneficiada de España, por lo que critica el “desprecio” a la quita “por no dar la razón a una oferta de la mano de Pedro Sánchez y María Jesús Montero”. Así, ha entendido que aceptar la condonación de la deuda supondría que Moreno Bonilla tendía que “renunciar a su discurso permanente de victimismo y agravio con el que engaña constantemente a los andaluces”.

“El sectarismo de Moreno Bonilla y su obsesión con Pedro Sánchez le lleva a rechazar algo bueno para Andalucía”, ha dicho, tras recordar que “los miembros del PP se levantaron del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) porque sintieron vergüenza porque no querían votar no a la quita” ante el mandato de Feijóo.

La portavoz de Vivienda del Grupo Socialista, Isabel Ambrosio, ha alertado del “engaño” de Moreno Bonilla con un decreto que favorece “una nueva burbuja inmobiliaria” y “pelotazos urbanísticos” a través de una política que tiene su más claro ejemplo en lo sucedido con el Ayuntamiento de Sevilla del PP en esta materia, con viviendas protegidas a 350.000 euros y que pueden venderse en siete años en el mercado libre.

“Lo que está ocurriendo en Sevilla con la promoción de vivienda es un escándalo, además de un ejemplo de las políticas de vivienda de Moreno Bonilla y del PP porque, con fondos públicos que pagamos entre todos y todas, se están construyendo viviendas protegidas a un precio imposible para quien de verdad necesita la vivienda protegida”, ha advertido Isabel Ambrosio.

A ello suma que “se está consintiendo que tras siete años esa vivienda”, construida con fondos públicos provenientes “del esfuerzo de todos y todas”, termine “en manos de unos pocos, provocando una especulación”.

Tal como ha señalado, las dificultades para acceder a una vivienda por el encarecimiento de los precios es “una de las principales preocupaciones de la mayoría social de Andalucía”. Sin embargo, ha lamentado que se hayan tenido que esperar “seis años y medio para que el gobierno de Moreno Bonilla reaccione y actúe”.

Pese a todo, ha llamado la atención sobre el hecho de que, pasado ese tiempo, “lo que nos hemos encontrado es un nuevo engaño” ya que este decreto de vivienda “no garantiza el acceso a ella para quien de verdad lo necesita”. Por el contrario, “lo que sí garantiza es la construcción de viviendas sin límites, generando una nueva burbuja inmobiliaria”.

Para Isabel Ambrosio, esto es lo que hay detrás de la política de vivienda del Ayuntamiento de Sevilla, con viviendas protegidas a precios entre 200.000 y 350.000 euros, que se pueden desclasificar en siete años y “se colocan en el mercado, generando un pelotazo urbanístico”.

“Los socialistas vamos a denunciar esta operación. Moreno Bonilla tiene entre sus competencias que la vivienda protegida sea a precio asequible y que nunca se pueda desclasificar la protección de una vivienda”, ha dicho, pidiéndole que sea claro con “lo que de verdad está detrás de sus políticas de vivienda y deje de mentir y de culpar a otros, como acostumbran continuamente”.

En este sentido, ha dejado claro que las y los socialistas van a seguir defendiendo que las políticas de vivienda son “el quinto pilar del Estado del Bienestar”. “La vivienda es un derecho y nunca un negocio”, ha concluido.

La secretaria de Salud del PSOE de Andalucía, María Ángeles Prieto, ha criticado los “anuncios triunfalistas” realizados por el gobierno de Moreno Bonilla en torno a las listas de espera sanitarias, teniendo en cuenta que con el ritmo actual se tardarían hasta 36 años en acabar con ella.

En este sentido, María Ángeles Prieto le ha preguntado a la consejera de Salud qué va a hacer ante esta situación “absolutamente alarmante”, con “más de un millón de personas en lista de espera”. “Mientras se derivan cientos de millones a la sanidad privada y se está desmantelando y saqueando la sanidad pública, la lista de espera apenas se ha reducido en algunos casos en un 1%”, ha alertado.

Por ello, ha dejado claro que la sanidad pública andaluza “no aguanta” más y las políticas sanitarias de Moreno Bonilla son “un absoluto fracaso”, a la par que ha culpado del “colapso” existente a los “recortes y la privatización” que está llevando a cabo el PP desde la Junta de Andalucía.

En este sentido, ha insistido en la “barbaridad” que supone que más de un millón de andaluces y andaluzas sigan en lista de espera sanitaria para conseguir acceder a una consulta con un especialista o a una operación.

“La Consejería de Salud acaba de publicar los datos de los últimos seis meses y apenas se ha reducido la lista de espera. Solo han sido capaces de reducir en 3.000 personas las listas quirúrgicas de quienes esperaban más de un año”, ha señalado.

Así, María Ángeles Prieto ha explicado que estos datos suponen que apenas se han llevado a cabo dos intervenciones más al día por provincia, con lo que, ”a este ritmo, se tardarían más de 36 años en eliminar la lista de espera”. A ello suma que el tiempo de espera en cirugía ha aumentado en 45 días, alcanzando los 184 días de media.

Mientras tanto, en consultas externas se está produciendo “un auténtico desastre”, tal como ha alertado. Así, ha detallado que hay 50.000 personas más esperando una consulta externa con el especialista del hospital en solo medio año, con una espera media de cinco meses. “Esto es una auténtica barbaridad. Es un auténtico escándalo”, ha resaltado.

“No sé de qué presume la Consejería, no sé de qué presume este gobierno de Moreno Bonilla cuando han sido incapaces de resolver el colapso de la sanidad pública”, ha sentenciado.

El “fracaso” del plan de atención en 72 horas

Igualmente, ha hecho referencia a los supuestos resultados positivos anunciados por la consejera de Salud sobre el plan de atención en 72 horas en los centros de salud, pese a que “tanto sindicatos como sociedades científicas lo han calificado como un absoluto fracaso”, una valoración que Prieto comparte.

“Las demoras en atención primaria no se han reducido con este plan ni un solo día. Se siguen manteniendo demoras de tres y de cuatro semanas para ser atendido por un médico de familia”, ha afirmado, apuntando a que Andalucía cuenta con “las demoras más altas de todo el país”, según los datos del último barómetro sanitario del CIS.

En este sentido, ha explicado que no se trata de un plan real de cita para que tu médico de familia te vea en 72 horas, sino que “en 72 horas te llama por teléfono un administrativo o un médico de otro centro de salud o de otra provincia que no es la tuya, provocando que finalmente los pacientes acaben en urgencias o sean derivados a su propio médico de familia que no tiene cita en dos y tres semanas”.

El Grupo Parlamentario Socialista ha exigido que se convoque una Comisión de Economía y Hacienda de manera “urgente y extraordinaria” para que el gobierno de Moreno Bonilla explique la contradicción de oponerse a la propuesta del Gobierno de España de condonación de deuda y anunciar ahora una salida a los mercados por valor de mil millones de euros.

“Nos parece un despropósito, una frivolidad y un derroche por parte de Moreno Bonilla, al que queremos decirle desde aquí que será él el presidente de los andaluces en este momento, pero que el dinero no es suyo, que el dinero es de los andaluces y de las andaluzas”, ha subrayado Márquez, quien se ha preguntado “cómo es posible que rechacen que a los andaluces nos quiten la mitad de la deuda, 18.799 millones de euros, y justo una semana después la primera medida que aprueba el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía es hipotecar, endeudar y castigar a los andaluces, endeudándolos más”. 

Un Consejo de Gobierno que, ha criticado la portavoz socialista, ha cambiado de fecha de reunión, pasando de martes a miércoles, para “ganar tiempo” y utilizar el foco de dichos Consejos “para seguir confrontrando aún más si cabe” con el Gobierno de España.

Márquez ha asegurado, además, en este sentido, que el cambio de fecha del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía está motivado también por el liderazgo de María Jesús Montero al frente del PSOE de Andalucía, que “marca la agenda política”.

La nueva portavoz del Grupo Socialista ha agradecido y valorado el “trabajo inmenso” llevado a cabo por Ángelez Férriz hasta ahora al frente de la Portavocía, “desde una posición de valentía y de orgullo socialista”. Márquez se estrena como nueva portavoz del Grupo en la sesión plenaria de esta semana en el Parlamento andaluz, donde interpelará al presidente de la Junta sobre los retrocesos en igualdad en Andalucía, a las puertas de la conmemoración del 8-M.

Unas políticas, las de igualdad, ha asegurado Márquez, que “en estos momentos están en punto muerto” en el gobierno de la Junta. “Andalucía es una tierra más feminista, más progresista que Moreno Bonilla”, ha destacado la portavoz socialista, quien ha denunciado cómo “por la puerta de atrás nos recorta derechos a las mujeres cada vez que puede”, al tiempo que también “pacta con la extrema derecha, mercadeando con los derechos de las mujeres cada vez que puede”.

En el marco del pleno del Parlamento, la portavoz socialista ha criticado el decreto-ley de medidas urgentes en materia de vivienda que presenta el gobierno andaluz porque “facilita la construcción de vivienda en Andalucía, no el acceso a la vivienda”. Márquez ha destacado que la “gran mentira” del gobierno de Moreno Bonilla en el ámbito de la vivienda “sonroja a cualquiera” y ha insistido en que la propuesta del gobierno andaluz “no la compartimos porque no viene a facilitar y a garantizar el acceso a la vivienda de la gente que necesita una vivienda pública”.

María Márquez se ha referido también a la situación de la sanidad andaluza y a las malas condiciones del personal sanitario, además de destacar la eliminación del servicio de Cirugía Vascular en el Hospital de Huelva y sus consecuencias en la población. En este sentido, la portavoz socialista ha destacado el fallecimiento de una mujer de avanzada edad “por no haber llegado” a tiempo en su traslado a Sevilla.

“Ya les digo que este es uno de los asuntos por el que le pediremos explicaciones al gobierno de la Junta de Andalucía y vamos a llegar hasta el final, como hemos hecho en el caso de los contratos sanitarios. La vida de la gente no puede depender de esta manera de las decisiones administrativas, sectarias, de Moreno Bonilla”, ha subrayado Márquez.

En el caso de los contratos sanitarios, la portavoz socialista ha indicado que “el tiempo es el mejor aliado de la verdad y lamentablemente el tiempo nos está dando la razón cuando en reiteradas ocasiones hemos alertado de la presunta trama de corrupción que hay en el gobierno de Andalucía con el uso torticero e injustificado de dinero de contratos a dedos a la sanidad privada”.  “Pensamos que este es el principio del fin de Moreno Bonilla, precisamente por eso porque a medida que pasa el tiempo más vamos sabiendo”, ha añadido.

A preguntas de los periodistas también se ha referido al acuerdo sobre la delegación de competencias de inmigración a Cataluña y ha criticado el “ruido interesado” que hace la derecha. Ha insistido en que se trata de “una delegación de competencias que recoge la Constitución española” y ha retado a Moreno Bonilla a “contar qué piensa, en vez de confrontar con el Gobierno de España sobre este asunto”.