El PSOE-A denuncia que hasta 11 informes “demoledores” de la Intervención de la Junta también constatan “el mayor caso de corrupción de contratación sanitaria de España”

El coordinador de Presidencia del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael Márquez, ha denunciado que “todo el sistema de contratación del Servicio Andaluz de Salud, absolutamente todo, esta viciado, está contaminado, se encuentra al margen de la legalidad vigente, y está dirigido a beneficiar a la sanidad privada en detrimento del sistema público de salud”.

Márquez ha explicado que así lo constatan hasta 11 informes “demoledores” de la Intervención de la Junta de Andalucía, el órgano de fiscalización interno de la administración autonómica, que “se ha pronunciado, no una ni dos, sino de forma reiterada, sobre las permanentes irregularidades de las contrataciones del SAS durante los años 2020 y 2021”.

Unos informes que se unen al realizado por la Cámara de Cuentas sobre los contratos de emergencia gestionados por la Junta durante el año 2020, “que confirmaba la corrupción sanitaria del gobierno de Moreno Bonilla que veníamos denunciando, desde el Grupo Parlamentario Socialista, desde hace más de año y medio”.

Y un informe el de la Cámara de Cuentas, ha dicho, que constataba, también, “el escándalo que supone que gran parte de los contratos de emergencia efectuados por el SAS en el año 2020 tuviera algún tipo de irregularidad” y que confirmaba que el gobierno de Moreno Bonilla “ha regado con millones de euros públicos a la sanidad privada, sin controles, a dedo, sin publicidad y sin transparencia”.

El diputado socialista ha subrayado que todos estos informes ponen de manifiesto que “estamos, seguramente, ante el mayor caso de corrupción de contratación sanitaria que hemos conocido en España”.

“Han puesto de manifiesto como es práctica habitual del SAS, el del fraccionamiento de contratos menores para evitar los procedimientos transparentes y con concurrencia”, ha asegurado Márquez, quien ha destacado que “todos, absolutamente todos los informes de la Intervención General de la Junta, a los que hemos tenido acceso, detectan importantes irregularidades, gravísimas irregularidades, que merecen ser explicadas”.

Explicaciones que han de centrarse, ha reclamado Márquez, tanto en las irregularidades en sí mismas, como las consecuencias que las mismas comportan al funcionamiento de nuestra sanidad pública, “una sanidad pública herida de muerte”.

“Todo ello, fraccionamientos de contratos, prorrogas al margen de la ley, prorrogas sin consignaciones presupuestarias, o el abuso de la contratación de emergencia entre otros, ha estado dirigido exclusivamente a asentar, a implantar un sistema de contratación a dedo, sin controles, sin transparencia, sin concurrencia, y con un claro menoscabo de los fondos públicos”, ha indicado el diputado socialista, que ha calificado la situación de “tremendamente grave”.

Por ello, exige una explicación clara del presidente de la Junta de Andalucía y de la consejera de Salud en sede parlamentaria. A su juicio, Moreno Bonilla, ante la gravedad de las evidencias, “no puede seguir escondido en su mayoría absoluta, sin que se den las oportunas explicaciones sobre lo que entendemos es el mayor caso de corrupción de contratación sanitaria de España”. Márquez ha reiterado la urgencia de que desde el gobierno andaluz “den la cara en el Parlamento”.

“Esta claro que este sistema viciado y contaminado de irregularidades está haciendo más fuerte a la sanidad privada en Andalucía, más débil a nuestro servicio público de salud, y está poniendo, en seria amenaza a la salud de la mayoría de andaluces que comprueban como con más recursos que nunca, el sistema de salud funciona peor que nunca”, ha destacado Márquez.

Según el coordinador de Presidencia del Grupo Socialista, “una vez que se ha constatado que el sistema está viciado, contaminado de graves irregularidades, entre las incógnitas a despejar está “¿cómo esto ha afectado a los recursos públicos, y cuál es la magnitud del menoscabo de fondos públicos que los andaluces, que el sistema de alud está teniendo que soportar, como consecuencia del uso fraudulento de la contratación por parte del gobierno de  Moreno Bonilla”.

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