El PSOE-A exige a Moreno Bonilla que apruebe con urgencia un paquete de medidas con presupuesto autonómico para afrontar los daños del temporal

La portavoz adjunta del Grupo Socialista, Ángeles Férriz, ha lamentado que el Gobierno andaluz del PP esté “entusiasmado pidiendo ayudas” al Ejecutivo central, a la Unión Europea y otras administraciones para hacer frente a la recuperación de los daños ocasionados en la comunidad por la cadena de temporales mientras “no pone nada de su parte” y ha reclamado a Moreno Bonilla que apruebe ya un paquete de medidas con presupuesto autonómico para afrontar los perjuicios sufridos por personas, familias, viviendas, negocios, explotaciones agrarias e infraestructuras.

Ángeles Férriz ha destacado que el Gobierno de España de Pedro Sánchez y María Jesús Montero, secretaria general del PSOE-A, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, ya ha actuado con la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia en todos los municipios andaluces que presentan daños por las borrascas e inundaciones y, además, el próximo martes concretará las ayudas económicas a personas y entidades perjudicadas.

“¿La Junta pone algún paquete de medidas ante el temporal o el paquete de medidas de Moreno Bonilla es pedir al Gobierno de España un paquete de medidas?”, ha ironizado Férriz, quien ha insistido en que “es momento” de que el PP en la Junta aporte “todo lo que haga falta por la comunidad autónoma para que la normalidad vuelva lo antes posible”.

La representante socialista ha lamentado que Moreno Bonilla “tiene congelado desde 2018” el fondo de contingencia de la Junta ante situaciones excepcionales como la vivida en Andalucía por el impacto de sucesivas borrascas, con 16 millones de euros que el PP no se ha preocupado de incrementar desde que llegó al Gobierno de la Junta.

Desde el PSOE-A, ha insistido en que los temporales y sus efectos devastadores en toda la comunidad dejan clara  la importancia de los servicios públicos para proteger y atender a la población, y ha lamentado que Moreno Bonilla y el PP “sólo se acuerdan de los servicios de emergencias cuando hay incendios o inundaciones”.

Ángeles Férriz ha señalado que la conmemoración del Día Europeo del 112 tiene que servir a Moreno Bonilla y al Gobierno andaluz no sólo para hacer vídeos de felicitación, sino también para “reconocer su trabajo en sus nóminas y condiciones laborales”. En este sentido, el PSOE-A demanda que la Junta garantice a estos efectivos las mejoras en equipamientos y el refuerzo de plantillas que demandan y que todo este personal que trabaja en emergencias en Andalucía “pase al sistema público; es el mejor agradecimiento y reconocimiento, cuidar a quienes nos cuidan”, ha considerado.

Además, la portavoz adjunta del Grupo Socialista ha advertido de que, tras los fuertes temporales de las últimas semanas, “llueve sobre mojado” en los centros educativos andaluces y, según ha denunciado, hay muchas infraestructuras escolares “donde los daños serían menores si se hubieran mantenido y no abandonado durante años” por el Gobierno de Moreno Bonilla.

Férriz ha criticado que el PP en la Junta ha reducido “durante siete años” el presupuesto para mantenimiento y funcionamiento de centros de enseñanza, mientras la Consejería de Educación de Moreno Bonilla ha dejado sin ejecutar en el pasado ejercicio 246 millones de euros de esta  partida, el 70% del total consignado.

Cantidades “ridículas” para arreglos y reformas en centros educativos

Ha explicado que el Gobierno andaluz del PP planteó en 2025 un plan extraordinario de mejoras de infraestructuras educativas “con cantidades ridículas” de 20.000 a 25.000 euros y, ahora, con graves daños por la reciente cadena de temporales, institutos de Secundaria están recibiendo comunicaciones de Educación para que ejecuten los nuevos desperfectos sufridos en sus instalaciones con cargo a esa financiación insuficiente.

La representante socialista ha exigido a Moreno Bonilla y su consejera de Educación que valoren “exactamente los daños en los centros educativos” provocados por las recientes borrascas y que garanticen “una partida extraordinaria de manera urgente” para abordar lo antes posible y con garantías las reparaciones pertinentes.

Por otra parte, la portavoz adjunta socialista ha advertido de que el convenio del Gobierno andaluz con Google sancionado por el Consejo Andaluz de Transparencia y de Protección de Datos es fruto de “una decisión política” adoptada por Moreno Bonilla y su Consejería de Educación y ha exigido al presidente de la Junta que aporte “explicaciones de inmediato”.

Desde el PSOE-A, ha criticado que el PP pretenda ahora “despachar” como una mera cuestión administrativa la “grave irresponsabilidad” de su Gobierno andaluz de poner información personal y sensible de miles de escolares y docentes en Andalucía “a disposición de una multinacional que se forra con esos datos”.

“Moreno Bonilla dice que quiere prohibir el acceso a móviles a menores pero hace cinco años vendió los datos de menores andaluces a Google”, ha ironizado Ángeles Férriz, y ha reclamado que, tras las infracciones certificadas por el Consejo de Transparencia, el Gobierno andaluz tiene que “suspender inmediatamente” el convenio con el gigante tecnológico, abrir “una investigación para conocer el alcance de esta barbaridad” y depurar responsabilidades políticas.

Rechazo a la ley de Universidades del PP “con sorpresa”

En relación a la ley de Universidades que la mayoría absoluta del PP aprueba en el Pleno del Parlamento autonómico, el PSOE-A considera esta norma otro “golpe mortal” de Moreno Bonilla a la universidad pública andaluza que “ignora a rectores, estudiantes, docentes y grupos políticos”, “asfixia económica” a las entidades públicas, “limita su autonomía” y “abre las puertas aún más a las privadas”. 

“El modelo de Moreno Bonilla consiste en llenar Andalucía de universidades privadas como Ayuso en Madrid”, ha recalcado Ángeles Férriz. Ha rechazado, también, la “irresponsabilidad” del presidente de la Junta por incluir “sorpresa” en esta ley e introducir “de remanguillé” la modificación legislativa que le permite eliminar las sanciones a altos cargos que incumplan sus obligaciones legales de transparencia.

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