El Grupo Parlamentario Socialista defiende como propuesta de resolución en el  debate plenario de sanidad la iniciativa basada en la obligación legal de  compensación por daños causados en la prestación de servicios públicos.

El PSOE-A plantea la urgente creación de un Fondo Andaluz de Indemnización a  Víctimas de Cribados de Cáncer para dar respuesta a las mujeres afectadas  por la crisis sanitaria causada por los graves fallos en el programa de  detección precoz de tumores de mama bajo gestión del Gobierno de Moreno  Bonilla y el PP en la comunidad. 

El Grupo Socialista impulsa esta iniciativa como propuesta de resolución en el  debate general sobre sanidad que celebra el Pleno del Parlamento autonómico  y basada en la obligación legal, reconocida en la normativa vigente y en la  propia Constitución Española, de compensar a las personas afectadas por  perjuicios vinculados a la prestación de servicios públicos. 

La propuesta de resolución socialista toma como referentes instrumentos de  compensación ya existentes en el país como los que asisten a las víctimas de  la talidomida o del amianto, e incide en la ausencia de “un fondo general o autonómico específico para casos como los fallos en los programas de cribado  y detección de cáncer”. 

Ante dicha ausencia y la inseguridad creada a las mujeres andaluzas por los  errores masivos en el cribado de cáncer de mama, desde el PSOE-A se insiste en la necesidad de constituir un fondo de compensación específico que  garantice “justicia, reparación y reconocimiento a las víctimas”. 

El Grupo Socialista sostiene que ese fondo indemnizatorio específico puede  activarse una vez acreditados los fallos en el cribado de cáncer de mama, y  también en los programas preventivos de colon y cérvix, toda vez que se  confirma “una vulneración del derecho a una detección temprana y a una  atención sanitaria de calidad”. 

Precepto constitucional 

La formación socialista basa su iniciativa en este sentido en el artículo 106.2 de  la Constitución, que establece que “los particulares, en los términos  establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados de toda lesión que  sufran en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia del  funcionamiento de los servicios públicos”. Igualmente se remite a  jurisprudencia del Tribunal Supremo que avala que el sistema de  responsabilidad patrimonial administrativa es “objetivo” y no requiere “probar  culpa, sino que el daño sea consecuencia del funcionamiento normal o  anormal del servicio público”. 

La propuesta del PSOE-A tiene en cuenta, igualmente, los requisitos “clave” de la  normativa que regula las reclamaciones ciudadanas en el ámbito sanitario,  que son la existencia de daño “efectivo, evaluable económicamente e individualizado”, de un “nexo causal directo entre servicio público y perjuicio” y  la “antijuricidad del daño, que la persona no tenga deber jurídico de soportarlo”. 

La iniciativa defiende que los fondos de indemnización para las víctimas de la  talidomida y del amianto evidencian la necesidad reconocida en el país de  “instrumentos extraordinarios de reparación cuando se produce un daño  colectivo derivado de un fallo prolongado o sistémico en la gestión pública”.  

Además, el PSOE-A defiende que su iniciativa recoge la recomendación del  Defensor del Pueblo Andaluz en informes de 2021 y 2023 de crear “un fondo de  compensación por daños sanitarios, especialmente en casos especialmente en  casos donde existan fallos sistémicos o colectivos, como errores en los  cribados, infecciones hospitalarias o medicamentos defectuosos”.