El secretario coordinador del área de Transformación Económica y Digital del PSOE de Andalucía, Gaspar Llanes, ha analizado el presupuesto autonómico del Gobierno de Moreno Bonilla para 2023 criticando que el 90% de las inversiones previstas no son con recursos propios de la Junta sino de “fuentes externas”, sobre todo de fondos estatales y europeos, que alcanzan el 76% del total, y ha advertido de que las nuevas cuentas autonómicas diseñadas no contemplan ayuda directa de la Junta a las familias y las empresas ante la inflación mientras incrementa el gasto “superfluo” e “irrelevante” para 2023 al mismo tiempo que recorta programas sociales y económicos.
🔴 Los presupuestos de Moreno Bonilla no ofrecen respuestas a uno de los principales problemas de las y los andaluces: la elevada inflación.
— PSOE de Andalucía (@psoedeandalucia) October 31, 2022
👉 La Junta sigue sin hacer nada para ayudar a familias y trabajadores.
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Gaspar Llanes ha explicado que el proyecto presupuestario del Gobierno andaluz “no aborda uno de los problemas más acuciantes en estos momentos del pueblo andaluz, que es ayudar a paliar las consecuencias de la elevada inflación”, pese al destacado aumento de los ingresos autonómicos precisamente por el alza inflacionista y a que, según ha incidido el representante socialista, “es fundamental ayudar a la clase media trabajadora, a las pymes y al colectivo de autónomos” ante esta crisis. “En Andalucía no existe dicho programa, a diferencia del Estado, donde la mayor recaudación ha llevado al Ejecutivo central a establecer un programa de más de 30.000 millones de euros”, ha insistido en dirigente socialista, recordando que esta iniciativa de apoyo a los hogares y al tejido proyectivo “también se ha implementado en otras comunidades autónomas”.
Ha denunciado, en contraste, “los elevados aumentos” en partidas “irrelevantes” acompañados de “elevados recortes injustificados en programas muy relevantes para mejorar la vida de la gente y la competitividad de nuestras empresas”. Además de subrayar que el gasto corriente de capítulos 1 y 2 “supera por primera vez en nuestra historia el 50% desde 2021 -un 52,3% en 2023-“, Llanes ha indicado que desde el PSOE de Andalucía se considera que “deben ser reducidas”, respecto a las cuentas autonómicas prorrogadas de 2022, el “elevado aumento” del gasto corriente de la Administración General de la Junta en más de 200 millones, un 27,7% más, y el crecimiento de 11 millones en comunicación social, y, respecto a 2018, las subidas en deuda pública, con 607 millones más -un 13.3% por encima del último gobierno socialista-; en alta dirección, con 38 millones más -un 25% de subida-; en gasto corriente de la Administración General de la Junta, que aumenta en 600 millones, un 88% con Moreno Bonilla de presidente, y en comunicación social, que crece en más de 43 millones, un 29% más. “En total suman 1.294 millones más que en 2018”, ha resumido.
El representante regional socialista ha lamentado que, al mismo tiempo, el Gobierno del PP introduce en su nuevo presupuesto autonómico recortes en cuestiones tan importantes para la ciudadanía andaluza como las políticas de empleo, que sufren una reducción de 173 millones (un 29% respecto al presente ejercicio); el gasto en I+D+i, que baja un 40% del gasto en I+D+i; los programas de lucha contra la pobreza, con 189 millones menos en apoyo a la familia y en inclusión social), y las iniciativas de igualdad de género, que reciben 18 millones menos.
Gaspar Llanes ha certificado, además, que el crecimiento del que presumen Moreno Bonilla y el PP “se debe a decisiones que no han sido tomadas desde el Gobierno andaluz”, dejando claro que “es mentira que bajando impuestos a los más ricos se recaude más” -del período 2015-2018 subieron los ingresos tributarios un 23,6% frente al 14,6% de incremento de 2018 a 2021- y que “más del 80% del aumento del presupuesto de 2023 es consecuencia de la inflación y, el resto, de las transferencias” del Ejecutivo de Pedro Sánchez y la Unión Europea.
“El PP, desde que ha entrado el Gobierno de la Junta, ha dejado en manos del Estado y de la UE las inversiones en Andalucía”, ha reiterado, y ha criticado que “además se muestra incapaz de ejecutarlas”. Ha reclamado explicaciones a Moreno Bonilla porque en 2022, hasta el mes de septiembre, “sólo han ejecutado el 17,7% del total de crédito definitivo de todos los programas”, 931 millones de un presupuesto de inversiones de más de 5.200 millones de euros, de manera que “más de 4.200 millones se encuentran paralizados”.
Ha concretado que las inversiones sanitarias, educativas, de agua, de vivienda, de I+D, de fomento empresarial o de industria se sitúan “por debajo de ese 17% de ejecución media”, mientras 865 millones del plan Feader “están ejecutados sólo a un 23,8%” y de 1.023 millones disponibles en políticas de empleo “sólo han ejecutado 208 millones, un 20%”.
“Abandono” financiero de la Junta a las corporaciones locales
Desde la formación regional socialista, su coordinador de Transformación Económica y Digital y también parlamentario autonómico ha denunciado “el abandono de las corporaciones locales” en el presupuesto del Gobierno andaluz para 2023, considerando que “no es de recibo que, cuando aumentan los ingresos tributarios de la Junta un 25,8%, no traslade este crecimiento” a la financiación local y reserve un incremento de la Patrica de un solo un 2%.
Llanes ha concluido denunciando los “excesos en la propaganda” del Gobierno andaluz en sus presupuestos “muy alejada de la dura realidad de los andaluces y andaluzas y que se manifiesta en un proceso de divergencia con la economía española”, así como la “miopía” de Moreno Bonilla y el PP “para afrontar los problemas reales” de la comunidad y su población, empezando por “ayudar a paliar las consecuencias de la elevada inflación y el elevado paro que se resiste a bajar, como sí ocurre en otras comunidades”.
Ha rechazado que el Ejecutivo autonómico“poco tiene que ver” con el crecimiento previsto en las nuevas cuentas autonómicas, toda vez que “deja las inversiones en Andalucía en manos del Gobierno de España y la UE”, al mismo tiempo que “eleva descontroladamente el gasto superfluo” en gasto corriente y en concretas de alta dirección y publicidad institucional, que, según ha alertado, “registran los niveles más altos de la historia, lastrando el necesario ahorro para las inversiones y la creación de empleo”.
