El Parlamento de Andalucía ha aprobado parcialmente una PNL socialista para “comprometer más recursos para la Dependencia y garantizar la viabilidad y sostenibilidad del sector, aumentar el precio plaza, que funcionen los centros y la ayuda a domicilio, y se genere empleo de calidad en nuestros pueblos y ciudades”, tal y como nos han trasladado las patronales. Para ello, “es necesario equiparar costes y financiación”, tal y como ha defendido la portavoz socialista de Igualdad, Carmen Loli Velasco. La iniciativa socialista propone comprometer más recursos, aprovechando que la Andalucía va a recibir hasta 122,6 millones más, un total de 450 millones procedentes del Gobierno de España.

En Andalucía tenemos 85. 936 personas en listas de espera, más de 44.000 tienen el recurso asignado, pero está a la espera, y más de 41.000 esperan ser valorados. 726 días desde que se solicita hasta que se asigna, casi dos años, cuando la media nacional es de 468 días. Somos la segunda comunidad que tarda más en valorar, más de 6.000 personas han fallecido esperando en Andalucía. Tenemos déficit de plazas, unas 28.000, además se contar con plazas desocupadas tanto en residencias como en centros de día.

Una Universidad pública de calidad

El Grupo Parlamentario Socialista también ha presentado en el pleno de la Cámara una Proposición no de ley de impulso a las universidades. Los grupos de derechas han rechazado mejorar la financiación de estas instituciones. El portavoz socialista de Hacienda, Antonio Ramírez de Arellano, ha criticado que, en tres años de legislatura, el gobierno andaluz “no tiene un modelo universitario” porque prefiere seguir debilitando el sistema público.

La iniciativa socialista tiene como objetivo impulsar una “universidad pública de calidad, que cuente con los medios suficientes, con autonomía, financiación e igualdad”. Sin embargo, el gobierno andaluz, como en la sanidad o la educación, pretende “debilitar el sistema universitario para crear espacios de negocio. Prueba de ello es la desconfianza con los rectores, cortapisas a la autonomía universitaria y recortes en la financiación, mientras dan luz verde a dos proyectos de universidad privada”.