Patricia Alba asegura al cuerpo docente andaluz que desde el PSOE-A se trabaja “intensamente” por una escuela pública que “conserve su capacidad para cambiar la vida de las personas”

La secretaria de Educación del PSOE-A, Patricia Alba, ha reivindicado el papel de las y los docentes andaluces en el Día Mundial de este cuerpo, aludiendo a la proposición de Ley Educativa que presentó el Partido Socialista de Andalucía a finales de septiembre y que persigue una bajada de ratios en las aulas y blindar la educación especial en Andalucía.

“La solución no está en eliminar 2.700 aulas sino en bajar la ratio y garantizar la calidad de la educación en nuestras aulas”, reza la norma socialista sobre educación, que fue presentada en el Parlamento andaluz a finales del mes de septiembre.

El propósito de la norma es modificar la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía para establecer cinco líneas estratégicas y que «refuerce los compromisos de Andalucía con una educación inclusiva, equitativa y de calidad«.

Andalucía, tal y como indica el Observatorio de la Educación en Andalucía, tiene una ratio media por aula superior al resto de comunidades, situándose en Primaria en 20,2 alumnos y en Secundaria en 26,4. Por ello, una de las primeras medidas de esas cinco líneas estratégicas que recoge la ley se basa en “blindar la ratio y reducirla hasta un máximo establecido de 18 alumnos por aula en Infantil, 23 en Secundaria y 27 en Bachillerato. En caso de que haya aulas en las que se escolarice alumnado con necesidades especiales, la ratio no superará los 15 alumnos/as, tal y como marca la ley.

Esta medida busca facilitar el papel de las y los docentes en el aula, tal y como ha descrito Alba: “Vamos a seguir trabajando intensamente por una escuela pública que conserve su capacidad para cambiar la vida de las personas y sobre todo en que en esa escuela los docentes sean testigos y protagonistas de cómo tiene que evolucionar la escuela pública en nuestra tierra”.

La Ley también establece una ratio máxima para unidades específicas de educación especial, con la intención de que se “blinden” los derechos del cuerpo educativo que trabaja con niños con necesidades especiales.

En otro orden, la Ley subraya dos ámbitos esenciales para el desarrollo educativo en Andalucía: la escuela en el ámbito rural y la Formación Profesional. Respecto a la primera, el PSOE-A busca, de nuevo, “blindar” y asegurar que los niños y niñas, así como los profesionales, que aprenden y enseñan en zonas rurales andaluzas tengan el derecho y la seguridad de poder desarrollar su trabajo, frente al “recorte de aulas públicas” que está aplicando el Gobierno de Moreno Bonilla.

Y, respecto a la Formación Profesional, el Partido Socialista quiere también aplicar una bajada de ratio a un máximo de 20 alumnos por grupo, con especial sensibilidad en las más demandadas, que llegará a 15 alumnos/as, y la obligatoriedad para la Administración de “garantizar” la creación de plazas públicas “suficientes” en sectores estratégicos de la economía andaluza, evitando la dependencia de la oferta privada.

En última instancia, la proposición socialista busca “reducir” los trámites administrativos que tienen que realizar los y las docentes andaluzas, “más tiempo encerrados en los despachos haciendo papeles que en las aulas enseñando a los niños y niñas”. Por ello, la norma contempla un Plan Andaluz de Simplificación Administrativa en Educación con el objetivo de “reducir la carga burocrática del profesorado y liberar tiempo para la preparación de clases, tutoría, coordinación e innovación pedagógica”.